EL MAYOR PROBLEMA DE LA JUSTICIA PERUANA NO ES LA CORRUPCIÓN: ES LA INCAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA DETECTAR Y CORREGIR SUS PROPIOS ERRORES

La crisis de la justicia peruana no se explica únicamente por la corrupción. Este artículo analiza un problema menos visible pero igualmente grave: la dificultad institucional para reconocer, estudiar y corregir errores judiciales, periciales e investigativos, así como sus consecuencias sobre la confianza pública y el debido proceso.

Por: Dr. Paolo Antonio Castillo Mendizábal

Introducción: el debate equivocado

Cuando en el Perú se habla de crisis del sistema de justicia, casi siempre aparece una misma explicación: la corrupción.

Durante las últimas décadas, la discusión pública se ha concentrado en jueces corruptos, fiscales cuestionados, tráfico de influencias, redes de favores, decisiones arbitrarias y escándalos institucionales. Los medios de comunicación, las reformas legislativas y buena parte del debate académico han colocado la corrupción en el centro de la reflexión sobre la justicia peruana.

Y con razón.

La corrupción existe, ha causado daños profundos y ha erosionado gravemente la confianza ciudadana.

Sin embargo, existe una pregunta mucho más incómoda que rara vez ocupa el centro del debate:

¿Qué ocurre cuando una decisión judicial es incorrecta no porque alguien actuó corruptamente, sino porque el sistema simplemente se equivocó?

La pregunta es particularmente incómoda porque obliga a reconocer una realidad que muchas instituciones prefieren evitar: la posibilidad de error.

La corrupción es visible. Tiene responsables identificables. Puede ser investigada, denunciada y sancionada.

Los errores judiciales son diferentes.

Muchas veces son cometidos por personas honestas.

Por fiscales convencidos de que están haciendo bien su trabajo.

Por jueces que creen estar aplicando correctamente la ley.

Por peritos que consideran técnicamente sólidas sus conclusiones.

Por policías que sinceramente creen haber identificado al responsable.

Precisamente por ello son más difíciles de detectar.

Y quizá allí se encuentre uno de los problemas más profundos de la justicia peruana contemporánea.

No en la existencia de errores.

Todos los sistemas humanos los cometen.

El verdadero problema parece ser la limitada capacidad institucional para reconocerlos, estudiarlos y corregirlos.


El mito silencioso de la infalibilidad institucional

Ningún juez, fiscal o perito afirmaría públicamente que el sistema judicial es infalible.

Sin embargo, en la práctica muchas instituciones operan como si los errores fueran excepciones extremadamente raras.

Existe una presunción implícita de corrección institucional.

Cuando una hipótesis logra avanzar por distintas etapas del proceso, comienza a adquirir una apariencia creciente de verdad.

La lógica suele funcionar de esta manera:

La Policía investigó.

La Fiscalía formalizó.

El juez admitió la investigación.

La Sala confirmó determinadas decisiones.

Por tanto, la hipótesis debe ser correcta.

Pero desde una perspectiva lógica y epistemológica, este razonamiento es profundamente cuestionable.

La repetición institucional de una conclusión no demuestra necesariamente que sea verdadera.

Solo demuestra que distintas personas llegaron a aceptar la misma hipótesis.

Y si todas ellas trabajaron sobre la misma información inicial, estuvieron expuestas a los mismos sesgos o interpretaron la evidencia bajo los mismos presupuestos, es perfectamente posible que el error simplemente se haya reproducido en cadena.

Uno de los mayores riesgos de cualquier sistema judicial consiste en confundir consenso institucional con verdad.


La justicia peruana y la cultura de la confirmación

Uno de los problemas menos discutidos dentro del sistema penal peruano es la tendencia a desarrollar investigaciones orientadas a confirmar hipótesis previamente construidas.

En teoría, toda investigación debería orientarse a descubrir la verdad.

Pero en la práctica, muchas investigaciones parecen orientarse a confirmar una teoría previamente adoptada.

La diferencia es enorme.

Cuando una investigación busca descubrir la verdad, todas las hipótesis permanecen abiertas.

Cuando busca confirmar una hipótesis, las alternativas comienzan a desaparecer.

Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado por la psicología cognitiva bajo el nombre de sesgo de confirmación.

El sesgo de confirmación consiste en la tendencia humana a:

  • buscar información compatible con nuestras creencias;
  • interpretar los hechos de manera consistente con nuestras expectativas;
  • minimizar evidencia contradictoria;
  • sobrevalorar evidencia confirmatoria.

Lo preocupante es que este fenómeno no requiere corrupción.

No requiere mala fe.

No requiere intencionalidad.

Requiere únicamente que los operadores jurídicos sean seres humanos.

Y precisamente porque son seres humanos, nadie se encuentra completamente inmune a este riesgo.


El expediente que deja de investigar y empieza a justificar

Existe un momento particularmente peligroso en determinadas investigaciones.

Es el momento en que la investigación deja de formular preguntas y comienza a construir respuestas.

A partir de allí, la evidencia deja de evaluarse de forma neutral.

Empieza a ser interpretada dentro de una narrativa ya establecida.

Los elementos compatibles con la hipótesis principal adquieren gran relevancia.

Los elementos incompatibles comienzan a perder importancia.

Las contradicciones se minimizan.

Las dudas se reinterpretan.

Las hipótesis alternativas desaparecen progresivamente.

Cuando esto ocurre, el expediente deja de funcionar como una herramienta de descubrimiento y empieza a funcionar como una herramienta de confirmación.

Y allí aumenta significativamente el riesgo de error.


El gran problema peruano: nadie estudia sistemáticamente los errores judiciales

Quizá una de las diferencias más importantes entre la justicia y otras disciplinas sea la forma en que enfrentan sus errores.

La medicina estudia sus errores.

La aviación estudia sus errores.

La ingeniería estudia sus errores.

La seguridad industrial estudia sus errores.

Cada accidente aéreo genera investigaciones técnicas.

Cada falla estructural produce análisis detallados.

Cada evento adverso en medicina genera protocolos de revisión.

La finalidad no es encontrar culpables.

La finalidad es comprender por qué ocurrió el error y evitar que vuelva a ocurrir.

La pregunta es inevitable:

¿Dónde se estudian sistemáticamente los errores judiciales en el Perú?

La respuesta resulta incómoda.

Prácticamente en ninguna parte.

Existen investigaciones académicas aisladas.

Existen recursos procesales.

Existen apelaciones.

Existen nulidades.

Pero no existe una verdadera cultura institucional orientada a estudiar el error judicial como fenómeno estructural.

Cuando una sentencia es anulada, rara vez se analiza profundamente por qué ocurrió el error.

Cuando una investigación fracasa, pocas veces se estudian sus fallas metodológicas.

Cuando una pericia es cuestionada, normalmente el debate se concentra en el caso concreto y no en los mecanismos que permitieron que el problema ocurriera.

El sistema corrige decisiones.

Pero rara vez estudia las razones profundas de sus equivocaciones.


Cámara Gesell: entre la protección de la víctima y la sacralización probatoria

Pocas herramientas procesales han generado tanto consenso como la Cámara Gesell.

Y en términos generales, dicho consenso tiene fundamentos legítimos.

La entrevista única busca reducir la revictimización.

Busca proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes.

Busca evitar la repetición innecesaria de declaraciones.

Todo ello constituye un avance importante.

Sin embargo, una herramienta valiosa no debe convertirse en una herramienta incuestionable.

Y aquí aparece uno de los debates más delicados dentro del proceso penal peruano contemporáneo.

La Cámara Gesell fue diseñada para disminuir la revictimización.

No fue diseñada para eliminar el error humano.

No fue diseñada para garantizar exactitud absoluta.

No fue diseñada para convertir automáticamente todo relato en verdad histórica.

La entrevista sigue siendo realizada por un ser humano.

El entrevistador puede cometer errores.

Puede formular preguntas problemáticas.

Puede interpretar de forma incorrecta determinadas respuestas.

Puede estar expuesto a sesgos cognitivos.

Puede desconocer información relevante.

Puede verse influenciado por información contextual previa.

La existencia de un protocolo no elimina completamente estas posibilidades.

Y reconocerlo no implica atacar la herramienta.

Implica comprender sus límites.

Toda herramienta científica tiene limitaciones.

La verdadera ciencia comienza precisamente cuando se reconocen esas limitaciones.


El problema de la contaminación previa al proceso

Uno de los aspectos menos discutidos en el Perú es que muchos relatos llegan a la Cámara Gesell después de haber atravesado múltiples filtros previos.

Antes de ingresar a la entrevista especializada, algunas personas ya han hablado con:

  • familiares;
  • docentes;
  • psicólogos;
  • policías;
  • fiscales;
  • asistentes sociales;
  • terceros interesados.

Cada interacción tiene potencial para influir en la construcción del relato.

La literatura internacional sobre psicología del testimonio ha demostrado repetidamente que la memoria humana es susceptible a influencias externas.

La memoria no funciona como una grabadora.

No reproduce los hechos.

Los reconstruye.

Y toda reconstrucción implica riesgo de modificación.

Por ello, asumir que toda declaración obtenida en Cámara Gesell representa automáticamente una reproducción exacta de la realidad constituye una simplificación incompatible con el conocimiento científico actual.


El problema de las pericias psicológicas y la ilusión de objetividad absoluta

Otro debate particularmente importante se relaciona con las pericias psicológicas forenses.

En el Perú suele existir una tendencia a considerar que la pericia representa una forma de verdad científica prácticamente definitiva.

Sin embargo, toda pericia constituye una interpretación técnica.

Y toda interpretación técnica posee limitaciones.

Los propios estándares internacionales de psicología forense reconocen que los informes periciales deben ser entendidos como opiniones expertas sustentadas metodológicamente, no como verdades absolutas.

Las pericias pueden diferir.

Los expertos pueden discrepar.

Las metodologías pueden generar interpretaciones distintas.

Las conclusiones pueden modificarse cuando aparece nueva información.

Lo preocupante no es que esto ocurra.

Lo preocupante sería asumir que nunca ocurre.


Las absoluciones tardías: el error que nadie quiere discutir

Existe otro fenómeno escasamente debatido en el Perú.

Las absoluciones tardías.

Cada año existen personas que pasan largos periodos sometidas a investigaciones, restricciones, estigmatización social y procesos judiciales para finalmente ser absueltas.

La pregunta incómoda es:

¿El sistema interpreta estas absoluciones como evidencia de un posible error previo?

Con frecuencia la respuesta parece ser negativa.

La absolución suele ser considerada simplemente una etapa más del procedimiento.

Pero para la persona que pasó años sometida a un proceso, la experiencia puede haber significado pérdidas económicas, laborales, familiares y psicológicas irreparables.

La reflexión necesaria es evidente:

Un sistema judicial no debería medir únicamente cuántas condenas obtiene.

También debería analizar cuántas investigaciones terminan demostrando que la hipótesis inicial era incorrecta.


El verdadero indicador de una justicia madura

Existe una idea profundamente equivocada sobre la calidad de los sistemas judiciales.

Muchos creen que una justicia fuerte es aquella que nunca se equivoca.

Eso es imposible.

No existe ningún sistema humano libre de error.

La verdadera pregunta es otra:

¿Qué tan rápido y qué tan eficazmente detecta sus equivocaciones?

Los sistemas más avanzados no son aquellos que presumen infalibilidad.

Son aquellos que desarrollan mecanismos permanentes de autocorrección.

La fortaleza institucional no consiste en negar los errores.

Consiste en reconocerlos oportunamente y aprender de ellos.


Hacia una reforma pendiente: construir una justicia capaz de corregirse a sí misma

Si el problema central es la limitada capacidad para detectar errores, la solución no puede reducirse únicamente a más leyes o más sanciones disciplinarias.

La reforma debe ser cultural, científica e institucional.

Entre las medidas que podrían fortalecer significativamente la calidad del sistema destacan:

1. Formación obligatoria en sesgos cognitivos

Jueces, fiscales, policías y peritos deberían recibir capacitación permanente en psicología de la toma de decisiones.

2. Protocolos obligatorios de hipótesis alternativas

Toda investigación compleja debería documentar expresamente qué hipótesis alternativas fueron consideradas y por qué fueron descartadas.

3. Auditorías técnicas periódicas de pericias

Especialmente en casos de alta relevancia social o complejidad probatoria.

4. Fortalecimiento real de la metapericia

Como mecanismo de control de calidad científica.

5. Observatorio Nacional de Error Judicial

Una institución independiente dedicada a estudiar sentencias anuladas, absoluciones posteriores, errores periciales y fallas investigativas.

6. Revisión científica permanente de protocolos de Cámara Gesell

Toda herramienta debe someterse periódicamente a evaluación crítica.

7. Cultura institucional de humildad epistémica

Reconocer errores no debe interpretarse como una debilidad.

Debe interpretarse como una señal de madurez institucional.


Conclusión: la justicia peruana frente al espejo

La corrupción seguirá siendo uno de los principales desafíos de la justicia peruana.

Pero limitar el debate exclusivamente a la corrupción puede impedirnos observar un problema aún más profundo.

Los sistemas judiciales no fracasan únicamente cuando alguien vende una decisión.

También fracasan cuando son incapaces de reconocer que una decisión honestamente adoptada pudo haber sido equivocada.

La verdadera fortaleza de una institución no se mide por su capacidad para afirmar que siempre tiene razón.

Se mide por su capacidad para reconocer cuándo no la tiene.

Y quizá allí se encuentre una de las reformas más importantes que la justicia peruana aún tiene pendiente.

No aprender únicamente a sancionar a quienes actúan mal.

Sino aprender, con rigor científico y honestidad intelectual, a identificar, estudiar y corregir sus propios errores.

Porque una justicia que combate la corrupción es indispensable.

Pero una justicia que además desarrolla mecanismos eficaces para cuestionarse, revisarse y corregirse a sí misma es una justicia verdaderamente madura.

Y probablemente ese sea uno de los mayores desafíos institucionales del Perú en las próximas décadas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *